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Sven Wunder: Servicios Ambientales y el Dominio Publico
En estos tiempos, los servicios ambientales están en boca de todos. Pero un temor a menudo expresado es que estos se podrían monopolizar para el lucro privado, dejando a las sociedades con las manos vacías. Los servicios ambientales podrían fluir libremente de las venas abiertas de Latinoamérica a las manos de empresas multinacionales y sus marionetas imperialistas. El agua a menudo es vista como punto de comparación. Existen fuertes corrientes políticas en Bolivia, Ecuador, Venezuela, y otros países, intentando asegurar que todos los servicios ambientales sean fuertemente consolidados en manos públicas. Algunas veces esto inclusive se ha plasmado dentro de la Constitución. Consecuentemente, solo el Estado podría ser el titular para realizar los pagos por servicios ambientales (PSA).
Este discurso populista, sin embargo, ignora ciertas sutilezas en diagnosis y estrategia. Uno se pregunta en primer lugar, ¿por qué los PSA están apareciendo en escena? Porque a pesar de leyes perfectamente elaboradas, los países latinoamericanos han probado de hecho ampliamente su incapacidad para cumplir sus gigantescos mandatos ambientales. Los PSA están tratando de cambiar eso, involucrando a la sociedad civil en el manejo ambiental, incluyendo ONGs, usuarios de agua, agricultores y el sector privado. Cuando una cervecería está pagando a los agricultores aguas arriba para que reduzcan la erosión y la sedimentación de los caudales, ¿qué rol puede jugar el Estado respecto al servicio ambiental generado? Sinceramente hablando; ninguno. El reclamo del Estado de ser “propietario” de los servicios ambientales se convierte en una herramienta política para controlar a la sociedad civil, sin ninguna posibilidad de beneficiar a la sociedad.
Fundamentalmente, los servicios ambientales no incluyen solamente beneficios globales como el carbono y la biodiversidad, sino también la protección de cuencas (calidad, cantidad, estacionalidad), la polinización, la protección contra derrumbes y tormentas, la recreación y la belleza escénica. Estos son servicios ambientales domésticos, generados en su totalidad, consumidos y controlados por la sociedad civil—aunque sea o no constitucional… Aun en países donde los esquemas públicos de PSA han venido trabajando por varios años (Costa Rica, México), las políticas nacionales constantemente se han visto alimentadas por la co-existencia de iniciativas privadas. El nacionalizar todo el manejo ambiental sería lo peor que podríamos hacerle al medio ambiente.
Correspondientemente, tanto legisladores como servidores públicos enfrentan dificultades una vez que salen de su mundo hermético y omnipotente para enfrentarse a la fea realidad del mundo exterior. La deforestación en Latinoamérica es generalmente ilegal, pero en la realidad es tolerada. Por esta razón, los gobiernos se niegan a pagar a los propietarios de tierra para que obedezcan la ley, incluso una ley no vigente. No obstante, ellos también son incapaces de proteger el servicio ambiental. Son atrapados en tierra de nadie donde ni palos ni zanahorias pueden aplicarse – y mientras tanto la deforestación continúa. Irónicamente, si adicionalmente impiden a la sociedad civil la toma de acciones donde ellos mismos han demostrado impotencia, los gobiernos se pueden convertir en genuinos garantes de un punto muerto ambiental.
Sin embargo, eso no tiene que ser así. En Costa Rica, la deforestación es ilegal, aun así los propietarios de tierras participantes del esquema de PSA reciben pagos por conservación: no tanto “por obedecer la ley” (i.e. no deforestar), sino por no recolectar madera, no realizar cortafuegos, no colocar señalizaciones, y por realizar monitoreo activo en caso de intrusión de terceros. Similares maneras creativas de burlar a este problema, uniendo iniciativas y comando y control, han sido usadas en programas agroambientales en EE.UU. y la UE, de esta manera se está proveyendo subsidios por cumplimiento a los propietarios de la tierra que hagan un esfuerzo adicional para reclamar tierras legales. Los instrumentos de “compromisos cruzados” (cross-compliance) también pueden ser poderosos i.e., hacer que todo desde los créditos bancarios hasta los subsidios públicos para hogares y la regularización de la tenencia de tierra sea dependiente de la legalidad medio ambiental – una herramienta que solo está siendo usada de manera incipiente en Latinoamérica. Para lograr un progreso real en salvaguardar los servicios ambientales para el bien común, vamos a necesitar un dominio público que esté delimitado con cautela y realismo, y políticos que desciendan de su palestra de discursos ideológicos para entender cuáles cambios pragmáticos son necesarios para lograr resultados tangibles.
Sven Wunder, Center for International Forestry Research – CIFOR, contacto: s.wunder(at)cgiar.org
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